Archivada la causa contra Ada Colau por presuntos delitos en subvenciones a entidades sociales

Hechos

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática presentó una querella contra Ada Colau, alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Se refería a las subvenciones municipales al Observatorio DESCA, Enginyeria sense Fronteres, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona y la Aliança contra la Pobresa Energètica. También se investigó a la interventora municipal [1] [2].

Estado procesal

• 2022. La Fiscalía se opuso al sobreseimiento libre que pedía la defensa de Colau y pidió al juez que “dicte el sobreseimiento provisional” [3]. El juez de instrucción acordó entonces un sobreseimiento provisional [4].
• 2023. La Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir la causa y anuló “el sobreseimiento provisional decretado anteriormente por el juez instructor” [4].
• Diciembre de 2024 y marzo de 2025. La instrucción terminó el 29 de diciembre de 2024 y el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona volvió a archivar la causa, con el apoyo de la Fiscalía [2]. Según el auto citado por la prensa, “no resulta ni un sol indici de participació de la querellada en els delictes mencionats” (no se desprende ni un solo indicio de participación de la querellada en los delitos mencionados). El juez añadió que Colau había delegado funciones como la concesión de subvenciones y que las entidades ya recibían ayudas antes de su mandato [1] [2].

El archivo es firme porque la acusación no lo recurrió [1] [2]. No se ha localizado el texto de la resolución, y las informaciones consultadas no precisan si este segundo archivo es un sobreseimiento libre o provisional. Por eso se clasifica como archivo sin tipo acreditado, sin deducirlo del primer archivo, hasta que se pueda consultar la resolución. Última situación documentada: marzo de 2025.

Lo que dicen las partes

Barcelona en Comú afirma que las 22 querellas presentadas contra Colau y su equipo de gobierno en sus ocho años de mandato han terminado archivadas, y las enmarca en una estrategia de “lawfare” [1] [2]. Antes del archivo, la asociación querellante había pedido ampliar la instrucción [2].