Vivienda

El PP no ha publicado su programa para el 29-N. El “Contrato con España” (citado según la prensa; no se ha localizado el texto del partido) solo enuncia compromisos de vivienda, como construir al menos un millón de viviendas y dar prioridad a los jóvenes [1]. El plan de enero de 2026 incluye liberalizar el suelo urbanizable público, bajar el IVA de la vivienda nueva del 10 % al 4 % para jóvenes, aprobar una Ley de Suelo y luchar contra la okupación [2].

Su ley antiokupación salió del Senado en febrero de 2024, y una nueva versión se admitió a trámite en el Congreso en mayo de 2026 [3]. Su ley de seguridad jurídica urbanística y vivienda, con la reforma del suelo, llegó al Congreso desde el Senado en marzo de 2025; el Grupo Popular la registró de nuevo en febrero de 2026 y se admitió a trámite en abril [8][9]. Las dos caducaron con la disolución de las Cortes [9]. En febrero de 2025 votó contra tramitar la reforma del suelo de PSOE y PNV por considerarla incompleta [4].

El 2 de octubre de 2026 votó contra la convalidación de dos decretos del Gobierno, que quedaron derogados [5][7]:

• RDL 26/2026, sobre la función social de la vivienda. Incluía el veto a compras por fondos y reglas sobre desahucios de personas vulnerables. 172 votos a favor y 178 en contra (PP, Vox, Junts y UPN, entre otros).
• RDL 27/2026, sobre la estabilidad de los alquileres. Preveía prórrogas sucesivas de los contratos. 166 a favor y 184 en contra (PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC).

Juan Bravo defendió “más viviendas y menos intervencionismo” [6].

La coherencia es alta: sus votos e iniciativas van en la línea de lo que propone.

A 19 de octubre de 2026 el PSOE no ha publicado su programa para el 29-N. Su propuesta de vivienda se apoya en los decretos que aprobó el Gobierno. El Congreso derogó el 2 de octubre el RDL 26/2026 y el RDL 27/2026 [4], y el Gobierno los reaprobó el 6 de octubre para que los convalide la Diputación Permanente:

• El RDL 29/2026 suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, prevé una prórroga extraordinaria de los alquileres y limita su actualización al 2 % hasta 2027. Incluye también medidas fiscales sobre pisos turísticos y socimis [1][2].
• El RDL 28/2026 refuerza la estabilidad de los contratos [2].

El Gobierno anunció además préstamos ICO sin interés para la entrada de la primera vivienda, con 10.000 millones [2]. La ponencia de su 41.º Congreso Federal (2024) planteaba elevar el parque público hasta al menos el 6 % del total [5].

El programa de 2023 decía: «Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquiler» [7]. El Gobierno creó Casa 47 y movilizó suelos de la Sareb, pero mide su avance en viviendas «movilizadas» (120.479 en abril de 2026), que reflejan fondos transferidos. No ha dado cifras de viviendas terminadas y entregadas [3]. Es un compromiso incumplido o sin medir, no una actuación contraria a lo prometido, por lo que no se trata como contradicción.

Coherencia: sus actuaciones van en la línea de lo que propone. Aprobó los decretos, los reaprobó tras su derogación y creó la entidad pública de vivienda. Que el Congreso los tumbara, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y en el caso del RDL 27/2026 también del PNV y Coalición Canaria, no rebaja la coherencia [6].

Vox no ha publicado programa para el 29-N. Se recogen el programa de 2023 [1] y su plan de desregulación de junio de 2026 [2].

Qué proponen. En 2023 prometía “tolerancia cero con la ocupación ilegal”, eximir del IBI a los propietarios afectados y liberar “todo el suelo” que no deba estar protegido [1]. El plan de 2026 añade la derogación de la Ley de Vivienda y el bloqueo de la regulación de precios del alquiler [2]

Qué han hecho. Vox votó en contra de los dos reales decretos-ley de vivienda del Gobierno. En octubre de 2026 el Congreso no convalidó el RDL 26/2026, de vivienda asequible (172-178), ni el RDL 27/2026, sobre estabilidad de los contratos de alquiler (166-184). En este último votaron en contra PP, Vox, Junts, PNV y UPN [3][4]. El 18 de junio de 2026, el resto de la Cámara rechazó una moción de Vox que pedía aplicar la “prioridad nacional” en la vivienda protegida y en las ayudas, y suprimir impuestos a la compra de la primera vivienda [5]

El pacto de Extremadura (abril de 2026) incluye al menos 3.500 viviendas protegidas adjudicadas con “prioridad nacional” y exige 10 años de empadronamiento para comprarlas [6] Los presupuestos valencianos de 2026, aprobados con el voto de Vox, aplican esa prioridad en el acceso a la vivienda pública [7]. En ambos casos la preferencia se da por años de empadronamiento y arraigo, no por nacionalidad, como propone Vox.

Coherencia. Sus votos y su moción se ajustan a lo que propone. Es parcial porque, sobre la prioridad nacional, firmó y votó en las comunidades una preferencia por arraigo, no por nacionalidad. El 22 de abril de 2026 rechazó una enmienda de sustitución del PP con ese criterio, que habría reemplazado su moción entera [8].

A 19 de octubre de 2026 Frente Amplio no ha publicado su programa para el 29-N. La propuesta recoge lo que anunció Emilio Delgado, cabeza de lista por Madrid, en la presentación de la candidatura el 17 de octubre: el 1 % del PIB anual para vivienda pública, contratos de alquiler indefinidos y un fondo estatal de edificación [1]. El programa de Sumar de 2023 ya proponía que los contratos tendieran a ser indefinidos [2].

En la legislatura, el grupo Sumar registró en febrero de 2025 una proposición de ley (122/000162) para que los alquileres se prorrogaran “obligatoriamente por plazos anuales” salvo causas tasadas; caducó sin debatirse [6]. En el Gobierno, el Real Decreto-ley 8/2026, que prorrogaba dos años los alquileres y limitaba al 2 % su actualización, fue derogado el 28 de abril de 2026 [3]. En septiembre, PSOE y Sumar repartieron sus medidas en el Real Decreto-ley 26/2026 (función social de la vivienda) y el 27/2026 (estabilidad de los contratos), que recogía la renovación automática que pedía Sumar. Según fuentes del partido, “el PSOE no ha permitido” unirlos en uno [4]. Ambos cayeron el 2 de octubre, lo que precipitó el adelanto electoral. El Gobierno aprobó el 6 de octubre el Real Decreto-ley 28/2026, que prevé la prórroga “tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años” de los contratos [7], y el 29/2026. La Diputación Permanente prevé votarlos el 12 de noviembre, con el PNV en contra del 28/2026 [5].

La coherencia mide las actuaciones, no el resultado: las iniciativas y votos de Sumar en la legislatura van en la línea de su propuesta, aunque no lograron mayoría en el Congreso.

A 19 de octubre de 2026 Podemos no ha publicado su programa para el 29-N. La propuesta recoge su última moción en el Congreso, de septiembre de 2026: rebajar por ley «la cuantía de todos los alquileres un 40 %» y expropiar el uso de las viviendas turísticas ilegales y de las 650.000 viviendas que atribuye a grandes propietarios [2]. Al presentar su candidatura, Irene Montero defendió la «expropiación y el control de precios» [1].

En la legislatura, Podemos registró en mayo de 2024 una proposición de ley con contratos mínimos de 10 años (12 si el casero es una empresa) y congelación de rentas, que no llegó a debatirse [3]. Sus mociones para rebajar los alquileres un 40 % se rechazaron el 19 de febrero de 2025, por 12 votos a favor y 301 en contra, y el 16 de septiembre de 2026, por 19 a favor, 183 en contra y 144 abstenciones de PSOE y Sumar [4] [5].

Votó a favor del Real Decreto-ley 8/2026 (prórroga de alquileres y tope del 2 %), derogado el 28 de abril de 2026 por 166 votos a favor y 177 en contra [6]. También apoyó los decretos 26/2026 y 27/2026, derogados el 2 de octubre, aunque Ione Belarra los calificó de «migajas» [7].

La coherencia mide las actuaciones, no el resultado: sus iniciativas y votos van en la línea de su propuesta, aunque no lograron mayoría.