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Abascal avisó el 8 de julio de 2024 de que daría por rotos los pactos si el PP aceptaba repartir menores migrantes llegados a Canarias. Tres días después, Vox salió de los gobiernos de cinco comunidades. El reparto de 347 menores siguió adelante.

Autonómico

Vox prometía preferencia para los españoles en ayudas y vivienda. Logró que los presupuestos valencianos de 2026 y el pacto de Extremadura incluyeran una «prioridad nacional», pero aplicada por años de empadronamiento y arraigo, sin distinguir por nacionalidad.

Autonómico

Vox pidió en mayo de 2025 personarse en la causa del Supremo contra Álvaro García Ortiz y sostuvo la acusación en el juicio, agrupada con Hazte Oír y Foro Libertad y Alternativa. El tribunal le condenó en noviembre de 2025; la condena está recurrida en amparo y hay una petición de indulto.

A cambio de aprobar las cuentas valencianas de 2025, Vox obtuvo un recorte del 25 % a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, rebajas en las subvenciones a sindicatos y patronal y el anuncio del Consell de no aceptar más repartos de migrantes. No consta que se cumplieran sus condiciones sobre las ONG y la Agenda 2030.

Autonómico

Vox votó solo contra tramitar la ILP de regularización (2024), vio rechazada su ley para restringir el arraigo (2025) y recurrió el real decreto de regularización de abril de 2026. El Supremo le reconoció legitimación, pero se negó a suspenderlo; el fondo sigue pendiente.

Sin los 50 diputados necesarios para recurrir por su cuenta, Vox impulsó en 2024 recursos de inconstitucionalidad desde las comunidades que gobernaba con el PP. El Tribunal Constitucional avaló la amnistía en lo esencial en junio de 2025 y desestimó después los recursos autonómicos.

Con 33 diputados, Vox no alcanza los 35 que exige la Constitución para presentar una moción de censura. En junio de 2025 pidió firmas a otros diputados y ofreció que la encabezara «quien sea». Feijóo se negó a presentarla sin tener los votos y no consta que se registrara ninguna.

PP y Vox derogaron en 2024 la ley de memoria democrática de Aragón y aprobaron una ley de concordia valenciana. El Constitucional suspendió ambas tras los recursos del Gobierno. En Castilla y León, el PP votó contra la ley que había registrado con Vox tras la ruptura.

Autonómico

Vox registró en abril de 2024 una ley para rebajar el IRPF y otros impuestos. El Gobierno ejerció su veto presupuestario y la Mesa impidió su debate. En mayo de 2024 llevó el mismo plan al Pleno en forma de moción; el PP lo llamó «populismo fiscal» y el PSOE, «panfleto».

El programa de 2023 promete que la AEAT gestione y recaude todos los tributos estatales, cedidos o no, y poner fin a las agencias tributarias regionales. No consta ninguna iniciativa de Vox con ese objeto en el Congreso en la XV legislatura, mientras se debatía que Cataluña recaudara el IRPF.

El programa de 2023 propone prohibir las ayudas directas públicas a los medios privados de información. No consta ninguna proposición de ley, proposición no de ley, moción o enmienda de Vox con ese objeto en el Congreso en la XV legislatura, según los registros consultados el 19 de octubre de 2026.

El programa de 2023 promete una fórmula para que las grandes tecnológicas «coticen» por los datos digitales que obtienen en España y una consulta del artículo 92 sobre el tratamiento de esos datos. No consta ninguna iniciativa de Vox con ese objeto en el Congreso en la XV legislatura.

Vox promete reducir los impuestos sobre la luz y el gas de los hogares y lo pidió en una PNL en 2023. En 2026 fue el único grupo que votó contra el RDL 7/2026, que bajó el IVA de la luz, el gas y los carburantes del 21 % al 10 %, y contra el RDL 18/2026, que suprime gradualmente el impuesto a la producción eléctrica.

En octubre de 2023 y en junio de 2024 Vox pidió en el Congreso mantener hasta final de 2024 el IVA del 0 % de los alimentos básicos y extenderlo al aceite de oliva. El 23 de julio de 2024 fue el único grupo que votó contra el Real Decreto-ley 4/2024, que prorrogaba ese 0 % hasta septiembre e incluía el aceite de oliva.

El Tribunal de Cuentas multó a Vox con 233.324 euros (2024) y 862.496 euros (2025) por donaciones finalistas y por ingresos de merchandising. El Supremo anuló la primera en octubre de 2025 y la segunda en junio de 2026.

Sanción administrativa anulada por los tribunales

Tras los disturbios de Torre Pacheco (julio de 2025), la Fiscalía de Murcia abrió diligencias preprocesales sobre José Ángel Antelo, entonces líder de Vox en la región, por un presunto delito de odio, y las prorrogó en enero de 2026. No hay causa judicial. La Fiscalía del Supremo archivó la denuncia contra Abascal.

Diligencias de la Fiscalía (sin causa judicial)

Vox financió las campañas de 2023 y 2024 con créditos del banco húngaro MBH. El Tribunal de Cuentas dijo que el banco no le informó y que no pudo comprobar si tiene participación pública extranjera. La Fiscalía Anticorrupción archivó en junio de 2025 la denuncia del PSOE, sin que llegara a abrirse causa judicial.

Archivado por la Fiscalía

Un juzgado de Madrid investiga a dos miembros del equipo de cumplimiento normativo de Vox por revelación de secretos (querella de Espinosa de los Monteros) y uno de Cartagena cita en enero de 2027 a dos cargos de Vox en Murcia por la presunta falsificación de la firma de Antelo.

En investigación judicial

Propone: Derogar la Ley de Vivienda de 2023, liberar suelo y desregular la construcción, suprimir impuestos a la compra de la primera vivienda, desalojar viviendas ocupadas en 24 horas y adjudicar la vivienda protegida y las ayudas con "prioridad nacional".

Ha hecho: Votó contra los RDL 26/2026 y 27/2026 de vivienda, que el Congreso no convalidó en octubre de 2026. El Congreso rechazó en junio su moción de prioridad nacional en vivienda. En Extremadura y en los presupuestos valencianos de 2026 pactó con el PP una prioridad por empadronamiento y arraigo, no por nacionalidad.

En parte

Propone: IRPF con dos tipos (15 % hasta 70.000 € y 25 % por encima) y 22.000 € exentos, IVA general del 18 % y del 4 % para luz, gas y agua, supresión de Patrimonio y Sucesiones, y un plan de desregulación que suprime tres normas por cada una nueva.

Ha hecho: El Gobierno vetó en 2024 su ley de IRPF de dos tipos. En 2026 votó en solitario contra los decretos que bajaban el IVA de la luz y el gas. Pactó en Extremadura y Andalucía rebajas del IRPF autonómico de 0,25 puntos al año y fue decisivo para los presupuestos valencianos de 2025.

En parte

Propone: Derogar la reforma laboral de 2021, el registro horario obligatorio y los planes de igualdad obligatorios en las empresas. En pensiones, Abascal promete pagarlas "como sea" y niega querer privatizarlas; su portavoz económico ha defendido un modelo mixto con capitalización individual.

Ha hecho: Con PP y Junts tumbó la reducción de jornada a 37,5 horas (septiembre de 2025). Votó contra los decretos ómnibus de enero de 2025 y 2026, que incluían la subida de las pensiones, y fue el único grupo contra el RDL 1/2025 (revalorización y otras medidas) y el RDL 3/2026 (pensiones y Seguridad Social).

Coherente

Propone: Limitar la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación irregular a urgencias y atención vital, aplicar la "prioridad nacional" en la sanidad, devolver al Estado las competencias de sanidad y educación, cheque escolar y consentimiento paterno previo para contenidos afectivo-sexuales.

Ha hecho: El Congreso rechazó sus mociones para derogar el real decreto de universalidad sanitaria (marzo de 2026) y para aplicar la prioridad nacional en la sanidad (abril de 2026, 33 votos a favor y 310 en contra). En Extremadura pactó con el PP 500 M€ anuales para listas de espera y suprimir el programa de lengua árabe.

Coherente

Propone: "Prioridad nacional" en ayudas, vivienda y servicios públicos y "remigración": repatriar a quien entre de forma irregular, deportar a los extranjeros que delincan o que cumplan condena en su país, auditar las nacionalidades concedidas y desplegar el Ejército en Ceuta y Melilla.

Ha hecho: Único grupo contra tramitar la ILP de regularización (2024). En julio de 2024 dejó cinco gobiernos autonómicos por el reparto de menores. Recurrió la regularización de 2026; el Supremo no la suspendió. Su PNL de prioridad nacional fue rechazada en 2026, y en sus pactos autonómicos entró como arraigo, no nacionalidad.

En parte

Propone: Un Estado unitario y administrativamente descentralizado: devolver al Estado educación, sanidad, seguridad y justicia, limitar la capacidad legislativa autonómica, aprobar leyes de armonización y de mercado único, derogar la amnistía y rechazar la condonación de deuda autonómica.

Ha hecho: En 2024 registró PNL para devolver al Estado la sanidad e impulsó recursos al TC contra la amnistía desde los gobiernos autonómicos que compartía con el PP; el TC avaló la ley en lo esencial. Votó contra la condonación de deuda autonómica (julio de 2026). Desde 2026 forma parte de cuatro gobiernos autonómicos.

Coherente

Propone: Que los jueces elijan a todos los vocales del CGPJ, integrar el Tribunal Constitucional en el Supremo, prohibir los indultos por corrupción o por delitos contra el Estado, recuperar la sedición, agravar la malversación y derogar las leyes de amnistía y de memoria democrática.

Ha hecho: El Congreso rechazó en 2024 (170-176) su ley para que los jueces elijan al CGPJ, y la amnistía sigue vigente. El Supremo anuló las dos multas del Tribunal de Cuentas a Vox, Anticorrupción archivó en 2025 la denuncia por el préstamo de MBH y Vox votó contra fiscalizar su fundación Disenso.

En parte

Propone: Prolongar la vida de las centrales nucleares (Almaraz) e impulsar los pequeños reactores modulares, derogar la Ley de Cambio Climático y las zonas de bajas emisiones, y frenar el Pacto Verde europeo y el fin de los coches de combustión en 2035.

Ha hecho: Apoyó la PNL del PP para prorrogar las nucleares (febrero de 2025) y votó contra el decreto antiapagones, derogado en julio de 2025. En Extremadura pactó suprimir la ecotasa sobre Almaraz, cuya autorización prorrogó el Gobierno hasta junio de 2030. Salvo Almaraz, el calendario de cierre nuclear sigue vigente.

Coherente