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Construir al menos un millón de viviendas en la próxima legislatura, liberalizar el suelo urbanizable público, bajar el IVA de la vivienda nueva del 10 % al 4 % para jóvenes, aprobar una Ley de Suelo y acelerar el desalojo de viviendas ocupadas.

Convalidar los RDL 29/2026 (desahucios suspendidos hasta 2030, prórroga de alquileres y límite del 2 % a su actualización) y 28/2026 (estabilidad de los contratos), préstamos ICO para la entrada de la primera vivienda y un parque público de al menos el 6 % del total.

Derogar la Ley de Vivienda de 2023, liberar suelo y desregular la construcción, suprimir impuestos a la compra de la primera vivienda, desalojar viviendas ocupadas en 24 horas y adjudicar la vivienda protegida y las ayudas con "prioridad nacional".

Destinar cada año el 1 % del PIB a ampliar el parque público de vivienda, establecer contratos de alquiler indefinidos y crear un fondo estatal de edificación que financie promociones con créditos respaldados por los ingresos futuros de alquileres asequibles.

Rebajar por ley un 40 % todos los alquileres, expropiar el uso de las viviendas turísticas ilegales y de las de grandes propietarios para el parque público, y controlar los precios (moción de septiembre de 2026 y presentación de la candidatura de Irene Montero).

Revisar las subidas fiscales de los últimos años y bajar impuestos, en especial a los jóvenes que compren vivienda, que pagarían un 60 % menos. En 2023 proponía bajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros y una reforma fiscal integral.

Impuestos más progresivos (la ponencia de su 41.º Congreso Federal planteaba un tipo mínimo del 50 % en el IRPF a partir de 300.000 euros), más incentivos por hijo y dependencia, un pacto de Estado contra el fraude fiscal y fiscalidad verde con medidas compensatorias.

IRPF con dos tipos (15 % hasta 70.000 € y 25 % por encima) y 22.000 € exentos, IVA general del 18 % y del 4 % para luz, gas y agua, supresión de Patrimonio y Sucesiones, y un plan de desregulación que suprime tres normas por cada una nueva.

Crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios generados por la inteligencia artificial y repartir la renta, el tiempo, la propiedad y el poder. Su programa de 2023 proponía un impuesto a las grandes fortunas, un IRPF máximo del 52 % y mantener los gravámenes a banca y energéticas.

«Limitar los precios de todo lo que necesitamos para vivir», topar los márgenes de las grandes distribuidoras de alimentos y crear un supermercado público (presentación de la candidatura de Irene Montero y moción de septiembre de 2026).

Garantizar las pensiones actuales y futuras y actualizarlas con el IPC dentro del Pacto de Toledo. Subir el salario medio, no solo el mínimo, y fomentar la productividad. En 2023 proponía reformar las políticas activas de empleo y crear cuentas individuales para los trabajadores.

Revalorizar las pensiones con el IPC cuatro años más, incluir en la Constitución la obligación de revalorizar el SMI para que siempre supere el 60 % del salario medio y reducir la jornada para que no se trabajen más de 36 horas en 2030.

Derogar la reforma laboral de 2021, el registro horario obligatorio y los planes de igualdad obligatorios en las empresas. En pensiones, Abascal promete pagarlas "como sea" y niega querer privatizarlas; su portavoz económico ha defendido un modelo mixto con capitalización individual.

Reducir la jornada laboral a 32 horas semanales y crear empleo industrial vinculado a las renovables. Mantiene la subida del salario mínimo y la reforma del subsidio de desempleo que impulsó el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Salario mínimo de 1.800 euros al mes, jornada de 30 horas semanales (presentación de la candidatura de Irene Montero, septiembre de 2026) y jubilación anticipada sin recortes en la pensión con 40 años cotizados (proposición de ley de 2024).

Más médicos y mejores condiciones laborales y salariales en la sanidad pública. En educación, premiar el esfuerzo, reforzar la autoridad docente y que las reales academias elaboren los contenidos. En 2023 proponía un plan de choque de atención primaria y reformar la LOMLOE.

Blindar la sanidad pública en la Constitución y acabar con las listas de espera (Sánchez, junio de 2026), con esperas máximas por ley como en su programa de 2023, y sacar adelante los proyectos de su Gobierno sobre gestión pública del SNS y ratios de 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO.

Limitar la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación irregular a urgencias y atención vital, aplicar la "prioridad nacional" en la sanidad, devolver al Estado las competencias de sanidad y educación, cheque escolar y consentimiento paterno previo para contenidos afectivo-sexuales.

Frente Amplio no ha presentado propuestas nuevas de sanidad y educación. Las últimas oficiales son las de Sumar en 2023: blindar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud sin formas privatizadas, incorporar la salud bucodental y la psicoterapia y garantizar plazas gratuitas de 0 a 3 años.

Gestión exclusivamente pública de la sanidad, derogando la Ley 15/1997 que permite la gestión privada; libros y material escolar gratuitos para todo el alumnado, y menos alumnos por educadora en la etapa de 0 a 3 años (iniciativas de Podemos en el Congreso, 2024-2026).

Reducir la inmigración irregular, prohibir por ley las regularizaciones colectivas, endurecer el acceso a la nacionalidad y reforzar el control de fronteras. Para las ayudas sociales, defiende una "prioridad" basada en el arraigo, no en la nacionalidad.

Culminar la regularización extraordinaria (1.174.978 solicitudes), mantener el reparto de menores no acompañados entre comunidades, desmantelar las mafias en origen, ampliar los convenios de migración circular y aprobar una ley de nacionalidad.

"Prioridad nacional" en ayudas, vivienda y servicios públicos y "remigración": repatriar a quien entre de forma irregular, deportar a los extranjeros que delincan o que cumplan condena en su país, auditar las nacionalidades concedidas y desplegar el Ejército en Ceuta y Melilla.

Frente Amplio no ha presentado propuestas nuevas de inmigración. Las últimas oficiales son las de Sumar en 2023: reformar la ley de extranjería para crear un procedimiento de regularización permanente, simplificar los trámites de residencia y cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

Ir más allá de la regularización extraordinaria: derogar la actual Ley de Extranjería, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y acabar con las que llama «redadas racistas» (coportavoz Pablo Fernández, febrero de 2026).

Defender la soberanía nacional y la integridad territorial y garantizar la igualdad de los ciudadanos, "con los mismos derechos y servicios, vivan donde vivan". Rechaza la financiación autonómica "bilateral" y pide que pese más la despoblación.

Aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica (20.975 millones más en 2027, cesión del 55 % del IRPF y del 56,5 % del IVA), que el Estado asuma más de 83.000 millones de deuda autonómica y federalizar la dirección de la Agencia Tributaria.

Un Estado unitario y administrativamente descentralizado: devolver al Estado educación, sanidad, seguridad y justicia, limitar la capacidad legislativa autonómica, aprobar leyes de armonización y de mercado único, derogar la amnistía y rechazar la condonación de deuda autonómica.

Frente Amplio no ha presentado propuestas territoriales nuevas. Las últimas oficiales son las de Sumar en 2023: reconocer a España como «una realidad plurinacional, un país de países» y negociar un nuevo pacto territorial para desarrollar los autogobiernos y el gobierno compartido.

Apoyar el autogobierno de las comunidades, con la condición de que las competencias de inmigración se deleguen sin lo que considera sesgos racistas, y concurrir en Cataluña dentro de las listas de ERC para «fortalecer las izquierdas nacionales» (declaraciones de febrero y octubre de 2026).

Poner al frente del TC y de la Fiscalía a personas independientes, presentar presupuestos cada año y convocar elecciones si se prorrogan más de una vez, auditar el gasto, reducir ministerios y asesores y exigir responsabilidades políticas por la corrupción de los subordinados.

Aprobar la Ley Orgánica de Integridad Pública que su Gobierno remitió al Congreso en julio de 2026 y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que traslada la instrucción a los fiscales y limita la acusación popular.

Que los jueces elijan a todos los vocales del CGPJ, integrar el Tribunal Constitucional en el Supremo, prohibir los indultos por corrupción o por delitos contra el Estado, recuperar la sedición, agravar la malversación y derogar las leyes de amnistía y de memoria democrática.

Frente Amplio no ha presentado propuestas nuevas de regeneración. Las últimas oficiales son las de Sumar: reformar la «ley mordaza» para proteger los derechos de reunión y expresión y, tras el caso Cerdán en 2025, suprimir los aforamientos y vetar en la contratación pública a las empresas condenadas por corrupción.

Cambiar la elección del CGPJ para que no dependa del acuerdo entre PP y PSOE, prohibir en la ley mordaza las pelotas de goma y los rechazos en frontera, y vetar en la contratación pública a empresas implicadas en corrupción (proposiciones de ley de Podemos, 2024-2025).

Elaborar una estrategia energética que evite otro apagón, alargar la vida de las centrales nucleares y construir infraestructuras hídricas frente a inundaciones y sequías. En 2023 proponía desbloquear permisos de renovables y no intervenir el mercado eléctrico mayorista.

Cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (81 % de electricidad renovable y un 32 % menos de emisiones que en 1990) y alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, como propuso Sánchez en agosto de 2025.

Prolongar la vida de las centrales nucleares (Almaraz) e impulsar los pequeños reactores modulares, derogar la Ley de Cambio Climático y las zonas de bajas emisiones, y frenar el Pacto Verde europeo y el fin de los coches de combustión en 2035.

Priorizar a las rentas bajas en las ayudas para electrificar vehículos, empezar la rehabilitación energética por los barrios populares y crear empleo industrial en renovables, almacenamiento y economía circular. Su programa de 2023 prometía mantener el calendario de cierre nuclear.

Nacionalizar Repsol y crear una empresa pública de energía que asuma las centrales hidroeléctricas al vencer sus concesiones; prohibir los cortes de suministros, crear un cheque energético y mejorar el bono social (Irene Montero, marzo de 2026, y proposiciones de ley de Podemos).