Archivadas las denuncias contra Monedero por presunta agresión sexual y contra la dirección de Podemos por encubrimiento

Hechos

En febrero de 2025 se conocieron testimonios de presunta violencia sexual contra Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos. Podemos explicó que en septiembre de 2023 recibió dos testimonios y dejó de convocarlo a sus actos; desde 2015 no ocupaba cargos en la dirección [1]. La Universidad Complutense abrió además un expediente disciplinario por una denuncia de una alumna [4].

La plataforma Xuntos por Galicia denunció en marzo de 2025 a Monedero por presunta agresión sexual, y a Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez «Pam» por presunto encubrimiento y omisión del deber de socorro [2].

Estado procesal

• Primera denuncia. La Fiscalía la archivó el 28 de mayo de 2025. Sobre Monedero, consideró que «no hay pruebas suficientes para imputar»: las supuestas víctimas no habían denunciado y no constaban fecha, lugar ni detalles. Sobre las dirigentes, que no hubo conductas de ocultación ni un peligro que exigiera auxilio [2].
• Segunda denuncia. La Complutense trasladó su expediente a la Fiscalía, que lo archivó el 2 de junio de 2025: las expresiones a alumnas no eran delito contra la integridad moral, aunque las calificó de «inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente» [3].
• Vía administrativa. La Complutense lo suspendió un año de docencia por una falta grave de acoso sexista. Monedero anunció que lo recurriría en los tribunales [4]. Última situación documentada (30 de junio de 2026).

Lo que dicen las partes

Podemos sostiene que actuó «desde el primer minuto» y que su prioridad era ser «un espacio seguro para todas las mujeres» [1]. Monedero niega los hechos. Dice que lleva años sufriendo «denuncias falsas» [1] y que las conductas por las que se le sancionó «nunca han existido» [4]. Según Ara, niega que nadie le haya apartado «de nada» y siguió haciendo actos con el partido tras dejar su fundación en 2023 [5]. La Fiscalía vio en la primera denuncia «un desacuerdo con la actuación política interna del partido» más que una infracción penal [2].