Caso Montoro: el exministro de Hacienda, investigado por presuntos cambios legales a favor de gasistas

Hechos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, a cargo del juez Rubén Rus, investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigió Cristóbal Montoro (2011-2018) se impulsaron cambios legales en beneficio de empresas de gases industriales que eran clientes de Equipo Económico, su antiguo despacho, a cambio de pagos [1][2]. Los delitos investigados son cohecho, fraude contra la Administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental [2].

Estado procesal

La imputación de Montoro se conoció el 16 de julio de 2025, y al día siguiente comunicó al PP que dejaba de ser afiliado [3]. La causa tiene unos treinta investigados. El juez prorrogó la instrucción en el verano de 2026: el auto fija su final el 26 de julio de 2027 y encarga a los Mossos analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas de su entorno. En agosto de 2026 Montoro aún no había sido citado a declarar [2].

Las defensas piden trasladar la causa a Madrid. El juez lo rechazó en abril de 2026 porque parte de los hechos ocurrió en Tarragona [4]. La Audiencia de Tarragona entendió que la decisión correspondía al Supremo, pero el 5 de octubre de 2026 se conoció que el Supremo se declaraba incompetente y devolvía la cuestión a la Audiencia Provincial [1]. Última situación documentada (5 de octubre de 2026): instrucción abierta y competencia pendiente de decidir. Montoro y el resto de investigados gozan de la presunción de inocencia.

Lo que dicen las partes

Montoro sostiene que dejó Equipo Económico antes de entrar en el Gobierno y se desvincula de las presuntas irregularidades; el despacho niega cualquier conducta irregular [4]. El PP abrió un procedimiento de información a través de su Comité de Derechos y Garantías, que quedó en suspenso con la baja de Montoro; según el partido, era “el único afiliado de los cargos investigados” [3].