Begoña Gómez, esposa del presidente, a juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación

Hechos

La causa la instruyó desde 2024 el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. Tras varias reorientaciones, se centra en dos hechos: si Begoña Gómez usó su posición para favorecer a empresas relacionadas con la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense (tráfico de influencias), y si su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, personal público, dedicó su trabajo a asuntos privados de Gómez, así como el destino del software desarrollado para la cátedra (malversación) [1][2]. La Complutense reclama 113.509 euros como actor civil [1].

Estado procesal

Apertura de juicio oral. En julio de 2026 la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Gómez y Álvarez fueran juzgadas por un jurado. Descartó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y excluyó al empresario Juan Carlos Barrabés [3][1].

El 21 de septiembre, antes de jubilarse, Peinado dictó el auto de apertura de juicio oral: Gómez, por presuntos tráfico de influencias y malversación; Álvarez, solo por presunta malversación. No impuso medidas cautelares [1][2]. La acusación popular unificada pide 13 años de prisión para Gómez [5].

La Fiscalía pidió el archivo, no la absolución:

• En abril de 2026 recurrió ante la Audiencia Provincial y solicitó el sobreseimiento libre para todos los investigados; de forma subsidiaria, el sobreseimiento provisional. Pidió también que, si el procedimiento seguía adelante, se le diera traslado para presentar conclusiones absolutorias [4].
• En la audiencia preliminar de septiembre se ratificó en sus escritos anteriores y volvió a pedir el archivo, igual que las defensas [5].

No consta en las fuentes consultadas un escrito de conclusiones de la Fiscalía posterior a la apertura de juicio oral.

Última situación documentada (21 de septiembre de 2026): la Audiencia Provincial debe designar al magistrado-presidente y fijar la fecha; no hay juicio señalado [1].

Lo que dicen las partes

La defensa, a cargo de Jaime Campaner, pidió el sobreseimiento, igual que la de Cristina Álvarez [2]. La Fiscalía sostiene que los hechos no son constitutivos de delito [4]. El Gobierno calificó el auto de «instrucción arbitraria e injusta» y habló de «intención política, acoso y deshumanización» [1]. Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, mantienen los cargos [5].