Caso mascarillas: el Supremo condena a Ábalos a 24 años y a Koldo García a 19

Hechos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia unánime redactada por su presidente, Andrés Martínez Arrieta, y difundida el 22 de junio de 2026, considera probada la existencia de una organización en torno al Ministerio de Transportes durante la pandemia [1][2]. Entre los hechos probados: la adjudicación irregular por Puertos del Estado y Adif de contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama; pagos de 10.000 euros mensuales para «gastos fijos» de Ábalos; la contratación en empresas públicas de dos mujeres de su entorno; y el uso de viviendas en Madrid, Marbella y La Línea a cambio de gestiones, como una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa [2][3]. El tribunal describe a Koldo García como el «alter ego» del exministro [3].

Estado procesal

Condena firme. Ábalos fue condenado a 24 años y 3 meses de prisión (con un cumplimiento máximo de 15 años y 8 meses) y Koldo García a 19 años y 8 meses, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación; el tribunal absolvió a Ábalos del tráfico de influencias relativo a una licencia de hidrocarburos [2]. Aldama fue condenado a cuatro años y medio por cohecho, con la pena suspendida por su colaboración con la justicia [2]. Como el Supremo juzgó en única instancia por la condición de aforado de Ábalos, no cabe recurso ordinario. El 14 de octubre de 2026 la Sala rechazó los incidentes de nulidad de ambas defensas [3]; Ábalos ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional [6]. Última situación documentada: 14 de octubre de 2026. La parte de la investigación que no juzgó el Supremo sigue abierta en la Audiencia Nacional (ver la ficha de Santos Cerdán).

Lo que dicen las partes

Ábalos y Koldo García negaron en el juicio haber recibido pagos de Aldama [2]. Ábalos calificó la condena de «abultada» y criticó que «premia al delator» [5]. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, consideró la pena desproporcionada y criticó que Aldama no entre en prisión [4]. La dirección del PSOE insiste en que actuó «desde el primer minuto» y considera que la condena no afecta a la estabilidad del Gobierno [7].