Condena al fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, Álvaro García Ortiz

Hechos

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, fue investigado por la filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía delitos fiscales y proponía un pacto a la Fiscalía. El Supremo lo juzgó por revelación de secretos [1].

Estado procesal

Condena firme. La Sala de lo Penal del Supremo lo condenó el 20 de noviembre de 2025, por cinco votos a dos, a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador; las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo firmaron votos particulares discrepantes [1][3]. García Ortiz dimitió y le sucedió Teresa Peramato [2]. Tras rechazarse el incidente de nulidad, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, pendientes de admisión en la última situación documentada, de junio de 2026 [2][3]. Hay además una petición de indulto: el Supremo informó en contra de un indulto total o parcial y la Fiscalía apoyó una conmutación parcial [3]. La parte económica de la condena está pagada y García Ortiz ejerce como fiscal en la Sala de lo Social del Supremo [3].

Lo que dicen las partes

García Ortiz mantiene su inocencia. Sánchez dijo que respetaba la sentencia aunque no la compartía, afirmó creer en su inocencia y auguró que acabará siendo absuelto [5]. El 9 de octubre de 2026, preguntado por si el Consejo de Ministros aprobará el indulto antes de las elecciones, respondió: «No lo descarto» [4]. La Fiscalía, en su recurso de amparo, alega la vulneración de la presunción de inocencia y de otros derechos fundamentales [2].