Préstamos del banco húngaro MBH a Vox: el Tribunal de Cuentas no pudo verificar su origen y la Fiscalía archivó

Hechos

Vox financió la campaña de las generales de julio de 2023 con un crédito de 6,5 millones de euros de MBH Bank Nyrt, entidad húngara, de los que empleó 6 millones. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado el 27 de marzo de 2025, recoge que el banco “no ha informado al Tribunal de Cuentas, incumpliendo lo contemplado en el artículo 133.3 de la LOREG”, y que por ello “no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras”, algo que la ley de financiación de partidos prohíbe [1][2]. El informe sobre las europeas de 2024 repite la misma conclusión sobre un segundo crédito de 7 millones del mismo banco [3]. Según la prensa, un fondo estatal húngaro participa en el accionariado de MBH [2].

En diciembre de 2024 el PSOE denunció a Vox ante la Fiscalía por financiación ilegal, por estos préstamos y por los ingresos de merchandising y “huchas” [5].

Estado procesal

La Fiscalía Anticorrupción archivó sus diligencias sobre la denuncia el 16 de junio de 2025, sin llevar el asunto a un juzgado. Se trata de un archivo de la Fiscalía, no de una resolución judicial. Sobre el préstamo, concluyó que “no hubo ninguna donación” porque Vox lo amortizó íntegramente, y que no se pudo acreditar que el banco esté participado por el Gobierno húngaro. Sobre el merchandising, sostuvo que los hechos ya habían sido sancionados en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas y no podían llevarse a la vía penal [4][5]. Esa sanción fue anulada después por el Tribunal Supremo (ver ficha correspondiente).

Según las cuentas de 2025 de Vox, a las que tuvo acceso Europa Press, el partido terminó ese año de pagar el préstamo de MBH para las europeas de 2024 y abonó 209.000 euros en intereses [6].

Lo que dicen las partes

Vox reconoció los créditos, sostiene que actuó dentro de la ley y que los necesitó para financiar las campañas porque, según el partido, los bancos españoles no le concedían crédito [7]. El PSOE y otros partidos sostienen que la operación podría vulnerar la prohibición de financiación pública extranjera. El Tribunal de Cuentas no ha llegado a una conclusión sobre ese punto por la falta de respuesta del banco [1].