El Supremo anula las dos multas del Tribunal de Cuentas a Vox por donaciones irregulares

Hechos

Durante la legislatura, el Tribunal de Cuentas abrió procedimientos sancionadores contra Vox por su financiación ordinaria de 2018 a 2020.

• En julio de 2024 le impuso una multa de 233.324,22 euros por recibir en 2019 dos “donaciones finalistas”, prohibidas por la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos: las campañas de recaudación “Ayúdanos con la fianza Borja” y “Querella contra Quim Torra” [3].
• El 28 de abril de 2025 su Pleno le impuso otra de 862.496 euros, calificada como infracción muy grave, por considerar que parte de los ingresos de merchandising (bolígrafos, gorras, pañuelos) y de los cobros en efectivo en sus puestos eran en realidad donaciones no identificadas. Dos consejeros firmaron un voto particular en contra [1][2].

Estado procesal

Vox recurrió las dos sanciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y las dos fueron anuladas:

• En una sentencia de 13 de octubre de 2025, el Supremo anuló la multa de 233.324 euros. Consideró que el Tribunal de Cuentas había hecho una interpretación demasiado formalista del concepto de donación finalista, porque fue el propio partido quien fijó el destino de los fondos y no los donantes [3][4].
• El 5 de junio de 2026, el Supremo anuló la multa de 862.496 euros, sin costas. Según la nota del CGPJ, la resolución “carece de base probatoria”: no justifica que la mayor parte de esos ingresos no vinieran de ventas, no se acreditaron aportaciones anónimas de más de 300 euros y las cifras contables no encajan con la simulación que se atribuía al partido. El tribunal también atribuyó el problema a una regulación “rudimentaria” de la actividad promocional de los partidos [1][2].

Como consecuencia, a octubre de 2026 no consta ninguna sanción firme del Tribunal de Cuentas contra Vox por estos hechos.

Lo que dicen las partes

Cuando se impuso la multa de 2025, Santiago Abascal la calificó de “absolutamente injusta” y “políticamente orientada”, habló de una “persecución sin precedentes” y anunció que recurriría ante el Supremo [5]. El Tribunal de Cuentas defendió en sus resoluciones que los ingresos no podían identificarse como ventas. El Supremo también criticó la postura de Vox, a la que atribuyó una visión “estrecha y formalista de la legalidad” [1].