Torre Pacheco: diligencias fiscales sobre Antelo por presunto delito de odio; archivada la denuncia contra Abascal

Hechos

En julio de 2025, tras la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco (Murcia), se produjeron varios días de disturbios y enfrentamientos. El 12 de julio, en una comparecencia en Cartagena, el entonces presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, atribuyó la violencia al PP y al PSOE “por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal” [1][3]. PSOE, Podemos, IU-Verdes y PCE lo denunciaron ante la Fiscalía por un posible delito de odio; algunas denuncias incluían también mensajes de Santiago Abascal en redes sociales [1].

Estado procesal

• Antelo: por decreto de 23 de julio de 2025, la Fiscalía de Delitos de Odio de Murcia abrió diligencias de investigación preprocesal, que incluyen sus publicaciones en redes sociales [1][2]. El 30 de enero de 2026 se prorrogaron seis meses por el volumen del atestado de la Guardia Civil [3]. En junio de 2026 la prensa seguía describiéndolo como investigado por la Fiscalía [4]. Esa es la última situación documentada: no se ha encontrado información pública sobre lo ocurrido al vencer la prórroga, a finales de julio de 2026, ni consta que la Fiscalía haya presentado denuncia o querella ante un juzgado o haya archivado las diligencias. Son diligencias de investigación de la Fiscalía, previas a cualquier proceso judicial. Antelo fue apartado de la dirección regional y expulsado del grupo parlamentario de Vox en marzo de 2026 por motivos ajenos a esta causa [6].
• Abascal: la parte de las denuncias que le afectaba se remitió a la Fiscalía General del Estado por su condición de diputado aforado [1]. La fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal archivó en octubre de 2025 la denuncia de los Comuns al concluir que sus palabras (“esto ya es una auténtica plaga”) no encajaban en la incitación al odio y tenían “escasa potencialidad” para generar hostilidad real [5].

Lo que dicen las partes

Antelo respondió a la apertura de diligencias que “decir la verdad nunca será un delito de odio” [2]. Los denunciantes sostienen que esas declaraciones podían alentar el odio o la discriminación contra la población inmigrante, en particular magrebí y musulmana, en plena escalada de violencia [1][5]. La Fiscalía del Supremo, en el caso de Abascal, enmarcó sus palabras en el contexto de confrontación política [5].