Embargo de armas a Israel por real decreto-ley, con autorizaciones excepcionales del Consejo de Ministros

Qué se prometió

El programa de Sumar de 2023 proponía revisar la política de exportación de armamento para prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos [1]. Durante la legislatura, Sumar pidió al PSOE que apoyara tramitar por urgencia una ley de embargo de armas a Israel [2].

Qué pasó

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre. Prohíbe las exportaciones a Israel y las importaciones desde Israel de material de defensa y de doble uso, obliga a denegar el tránsito de ese material y de combustibles con posible uso militar, y prohíbe importar productos de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado [3]. Su disposición adicional primera permite al Consejo de Ministros autorizar excepcionalmente esas transferencias cuando la prohibición suponga «un menoscabo para los intereses generales nacionales» [3]. El Congreso lo convalidó el 8 de octubre de 2025 con 178 votos a favor y 169 en contra, de PP y Vox [4] [5]. También se acordó tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir cambios [5].

Por qué

En mayo de 2025 el Congreso admitió a trámite una proposición de ley de embargo y Sumar pidió al PSOE tramitarla por urgencia; su portavoz, Ernest Urtasun, descartó entonces la vía del decreto que exigía Podemos y dijo que no había “ningún escenario B” [2]. Cuatro meses después, el Gobierno del que formaba parte Sumar optó por un real decreto-ley [3]. Podemos anunció su voto a favor el mismo día de la votación. Con 178 votos a favor y 169 en contra, sus votos no fueron por sí solos decisivos [5].

Lo que dicen las partes

El Gobierno y Sumar presentan la norma como un embargo efectivo. Sumar y otros grupos de izquierda pidieron mejorarla en su tramitación como ley y la calificaron de insuficiente en el debate [5]. Podemos la llamó “coladero” porque, a su juicio, no acaba con la compraventa de armas ni con el tránsito de material por España, y organizaciones de solidaridad con Palestina la consideraron un texto “de mínimos” [5]. PP y Vox votaron en contra [5].