Derogación de la Ley de Memoria Democrática

Qué se prometió

El programa del PP de 2023 incluía derogar la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, una ley ordinaria [5], y sustituirla por “una nueva norma que refuerce los principios democráticos y de reconciliación nacional” [3]. Feijóo ya lo había anunciado en la precampaña de las generales [4].

Qué pasó

Búsqueda realizada el 19 de octubre de 2026 en tres fuentes:

• Congreso, proposiciones de ley. El registro de la XV legislatura en datos abiertos no recoge ninguna del Grupo Popular, ni ninguna remitida por el Senado, para derogar la Ley 20/2022 [6].
• Congreso, BOCG serie D. En el texto de 590 números, hasta el núm. 603, de 16 de octubre de 2026, no aparece ninguna proposición no de ley, moción ni enmienda del Grupo Popular que pida derogarla. Esta serie no incluye las enmiendas a proyectos de ley, que se publican en las series A y B.
• Senado, mociones. Ninguno de los títulos de las 2.671 mociones de la legislatura plantea la derogación [8]. La del Grupo Popular que cita la ley en su título, aprobada el 30 de septiembre de 2026 (671/000128), pide aplicar “estrictamente” su disposición adicional octava, sobre la nacionalidad, y revisar una instrucción de 2022; no pide derogarla [7].

El 13 de julio de 2026, en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el secretario general, Miguel Tellado, anunció que la ley se derogaría “en el primer Consejo de Ministros” de Feijóo [1].

En las comunidades, Aragón derogó su ley de memoria en febrero de 2024 con PP y Vox, y la ley valenciana de “concordia” tiene artículos suspendidos por el TC. Andalucía y Madrid, gobernadas por el PP en solitario, no modificaron sus normas [2].

Por qué

El PP presentó la derogación como una decisión de su futuro Gobierno [1]. Al ser una ley ordinaria bastaría la mayoría simple, pero PP, Vox y UPN no la sumaban en el Congreso. Ara señala que el partido “carece de una línea clara” sobre estas leyes y que solo impulsó las de concordia donde dependía de Vox [2].

Lo que dicen las partes

Tellado sostiene que la ley permite un relato que “diluye” a ETA y favorece a EH Bildu [1]. El Gobierno defiende la norma y llevó al Constitucional las leyes autonómicas de PP y Vox [2].