Corrupción, justicia e instituciones

A 19 de octubre de 2026 el PP no ha publicado su programa para el 29-N. El “Contrato con España” (citado según la prensa; no se ha localizado el texto del partido) se compromete a que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General estén dirigidos por personas independientes, a presentar presupuestos cada año y a convocar elecciones si se prorrogan más de una vez. También a auditar el gasto público, reducir ministerios, altos cargos y asesores y exigir responsabilidades políticas por la corrupción de los subordinados [1]. El programa de 2023 ya incluía reformar la Ley del Tribunal Constitucional y fijar un periodo de cinco años sin cargo electo para dirigir organismos independientes [7].

En la legislatura, Feijóo había exigido renovar el CGPJ y cambiar su modelo de elección a la vez. En junio de 2024 pactó con el PSOE la renovación con el sistema vigente [2]. En junio de 2026 presentó su reforma del modelo, asumiendo que no se aprobaría antes de las elecciones [3]. Con su mayoría en el Senado creó una comisión de investigación sobre el caso Koldo, ante la que compareció Pedro Sánchez en octubre de 2025 [8].

Varias causas judiciales afectan a antiguos cargos del PP. El juicio de la operación Kitchen quedó visto para sentencia en julio de 2026 [4]. Cristóbal Montoro dejó la militancia tras ser imputado [5]. El PP suspendió de militancia al presidente de la Diputación de Almería tras su detención en noviembre de 2025 [6]. Todos los investigados gozan de la presunción de inocencia.

La coherencia es parcial. Algunas propuestas siguen las de 2023, pero renovó el CGPJ sin la reforma que había puesto como condición.

El PSOE no ha publicado programa para el 29-N. Sus propuestas más recientes en este ámbito son dos proyectos de su Gobierno:

• La Ley Orgánica de Integridad Pública. Su anteproyecto se aprobó en febrero de 2026 y creaba una Agencia Independiente de Integridad Pública [1]. El Consejo de Ministros la aprobó en segunda vuelta y la remitió al Congreso el 28 de julio de 2026 [6].
• La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada como proyecto en octubre de 2025. Traslada la instrucción a los fiscales y restringe la acusación popular [5].

Ambos proyectos caducaron con la disolución, como todos los asuntos pendientes [7].

En la legislatura, PSOE y PP pactaron en junio de 2024 la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato llevaba más de cinco años caducado [2]. El Gobierno renunció en su plan anticorrupción de julio de 2025 a suprimir los aforamientos que prometía en 2023 [3].

Las causas judiciales que afectan a antiguos y actuales cargos del partido se tratan en fichas propias y no determinan esta valoración:

• El Supremo condenó a 24 años de prisión al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos [4].
• Su sucesor, Santos Cerdán, está investigado por presuntas comisiones.
• La gerente del PSOE está investigada por presunta falsedad en el caso Leire Díez.

Coherencia parcial. Las iniciativas que propone las llevó al Congreso, pero en el mismo ámbito abandonó la supresión de los aforamientos, una medida de regeneración que había prometido en 2023 y que dependía de su propia iniciativa.

Vox no ha publicado programa para el 29-N; se usa el de 2023 [1].

Qué proponen. “Los jueces deben elegir a los jueces”: una ley orgánica para que “todos los miembros del CGPJ” sean designados o propuestos por jueces y magistrados. También proponen derogar las leyes de amnistía y de memoria democrática y “la fiscalización de los caudales públicos” (medida 176) [1].

Qué han hecho. El 27 de febrero de 2024 el Congreso rechazó por 176 votos contra 170 la proposición de Vox sobre el CGPJ, con el voto favorable del PP [2]. Vox recurrió la amnistía, que el Tribunal Constitucional avaló en lo esencial en junio de 2025 [3].

Su propia financiación. El Tribunal de Cuentas multó a Vox con 233.324 euros en 2024 y con 862.496 euros en 2025 [4][5]. Vox recurrió y el Supremo anuló ambas sanciones en octubre de 2025 y junio de 2026 [8][6]. El Tribunal de Cuentas no pudo verificar si el banco húngaro MBH, que prestó 6,5 millones a Vox en 2023, tiene participación pública extranjera, porque la entidad no le informó [7]. La Fiscalía Anticorrupción archivó en junio de 2025 la denuncia del PSOE por esos préstamos sin llevarla a un juzgado [10]. En diciembre de 2025 la Comisión Mixta con el Tribunal de Cuentas aprobó una fiscalización especial de la Fundación Disenso, que preside Abascal, con el único voto en contra de Vox, que dijo que la apoyaría si se aplicara a todas las fundaciones políticas [9].

Coherencia. Sus iniciativas sobre el CGPJ y la amnistía van en la línea de su programa. Se marca como parcial por una actuación concreta: votó contra la fiscalización de Disenso pese a prometer la fiscalización de los caudales públicos. Las sanciones anuladas y el archivo fiscal no se tienen en cuenta para esta nota.

A 19 de octubre de 2026 Frente Amplio no ha publicado su programa para el 29-N, y en la presentación de la candidatura no anunció medidas concretas de regeneración. Las propuestas oficiales más recientes son las del programa de Sumar de 2023, que incluía modificar la «ley mordaza» [1]. A ellas se suman las exigencias de Yolanda Díaz al PSOE en junio de 2025, tras conocerse la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo: suprimir los aforamientos, excluir de la contratación pública a las empresas condenadas por corrupción y garantizar una “limpieza absoluta” [2].

En la legislatura, el Congreso rechazó el 16 de septiembre de 2025 la toma en consideración de la proposición de Sumar para crear una agencia anticorrupción, con los votos de PP, Vox y Junts. Junts la calificó de “ocurrencia de última hora” [3]. La reforma de la ley de seguridad ciudadana, que Sumar firmó con PSOE, EH Bildu y PNV, se tomó en consideración en octubre de 2024 pero caducó con la disolución de las Cortes [4]. En octubre de 2024 Díaz reconoció que en junio de 2023 conoció una denuncia anónima contra Íñigo Errejón y no actuó porque Más Madrid le dijo que había cerrado el expediente [5].

Las iniciativas y votos de Sumar van en la línea de sus propuestas, aunque no salieron adelante. El caso Errejón afecta a la gestión interna del partido, no a sus votos en esta materia, y se trata en una ficha propia.

A 19 de octubre de 2026 Podemos no ha publicado su programa para el 29-N. La propuesta recoge sus proposiciones de ley de la legislatura. La del CGPJ (abril de 2024) prevé que, si no se alcanzan los tres quintos, los vocales del turno judicial se elijan por mayoría absoluta con el respaldo de la mitad de los grupos parlamentarios [1]. La de seguridad ciudadana prohíbe expresamente el uso de pelotas de goma y busca evitar las «devoluciones en caliente» [2]. La de junio de 2025 veta la contratación pública de empresas que hayan participado en casos de corrupción [3].

En la legislatura, Podemos presentó un texto alternativo a la reforma del Poder Judicial pactada por PP y PSOE, que obtuvo 4 votos a favor y 297 en contra [4]. El 23 de julio de 2024 votó contra la reforma, aprobada por 259 votos a favor, 43 en contra y 32 abstenciones [5]. Ninguna de sus leyes sobre estos asuntos llegó a debatirse; todas caducaron con la disolución [7].

En la reforma de la ley mordaza que tramitaba el Congreso, Podemos pidió fijar un plazo concreto para prohibir las pelotas de goma y prohibir expresamente el rechazo en frontera; consideró «demasiado tibia» la regulación acordada por el Gobierno con EH Bildu [6]. La reforma caducó con la disolución sin haber salido de la ponencia [6] [7].

La coherencia mide las actuaciones, no el resultado: sus votos e iniciativas van en la línea de su propuesta.