Vox se personó como acusación popular contra el fiscal general del Estado y la sostuvo hasta el juicio

Qué se prometió

En mayo de 2025 Vox pidió al Tribunal Supremo personarse como acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña [1]. Tras el procesamiento, su portavoz José Antonio Fúster pidió en junio que dimitiera o que el Gobierno le cesara: “Si nosotros tuviéramos un fiscal general del Estado procesado no duraba ni un nanosegundo” [2].

Qué pasó

Vox fue admitido como acusación popular y sostuvo la acusación hasta el juicio, celebrado en noviembre de 2025. Actuó agrupado con Hazte Oír y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, con un único abogado, y esa acusación conjunta pidió cuatro años de prisión. La querella principal era la de González Amador, y acusaban también el Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias y la asociación de fiscales APIF. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron la absolución [3].

Lo que se valora aquí es la actuación de Vox, no el fallo, que corresponde al tribunal. El 20 de noviembre de 2025 la Sala de lo Penal condenó a García Ortiz, por cinco votos contra dos, a dos años de inhabilitación especial, una multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización por revelación de datos reservados. La pena fue inferior a la pedida por las acusaciones [3][4].

Situación posterior

García Ortiz y la Fiscalía recurrieron la sentencia en amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, tres ciudadanos pidieron al Gobierno su indulto. El 11 de junio de 2026 el Supremo emitió un informe desfavorable, que es preceptivo pero no vinculante [5]. No consta que el Constitucional ni el Gobierno se hayan pronunciado. Esta es la última situación documentada, de junio de 2026.

Lo que dicen las partes

Tras la condena, Abascal responsabilizó a Pedro Sánchez, de quien “depende” el fiscal general, y acusó al Gobierno y a sus socios de una “campaña de acoso y derribo” contra el Supremo [6]. García Ortiz negó en el juicio haber filtrado información confidencial, y dos magistradas firmaron un voto discrepante [4].