Prórroga del gravamen extraordinario a las grandes energéticas

Qué se prometió

El programa socialista de 2023 se comprometía a evaluar «la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal» [1]. El Gobierno pactó después con Podemos, ERC, EH Bildu y BNG mantener el de las energéticas [2].

Qué pasó

En diciembre de 2024, la reforma fiscal (Ley 7/2024) sustituyó el gravamen a la banca por un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, aplicable a los tres primeros periodos impositivos consecutivos iniciados desde el 1 de enero de 2024 (disposición final novena, apartado diecinueve) e introdujo un impuesto complementario que garantiza un nivel mínimo de imposición a los grandes grupos multinacionales [5]. El de las energéticas no tuvo la misma suerte: PP, Vox, PNV y Junts habían votado su derogación durante esa tramitación [2]. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó igualmente un real decreto-ley para mantenerlo en 2025, con una bonificación de hasta el 60 % para empresas con inversiones estratégicas, reconociendo que probablemente no se convalidaría [2][3].

El 22 de enero de 2025 el Congreso lo derogó por 165 votos a favor y 183 en contra, con PP, Vox, Junts, PNV y UPN en contra [4][3]. El gravamen recaudaba alrededor de 1.100 millones de euros anuales [4].

Por qué

PNV y Junts sostenían que el gravamen perjudicaba la inversión industrial en sus territorios [2]. PP y Vox también votaron en contra. Con esos cuatro partidos en contra, el Gobierno no tenía mayoría.

Lo que dicen las partes

Montero afirmó que había hecho lo «humanamente posible» para sacarlo adelante y que su intención era sustituirlo por un impuesto permanente con deducciones por electrificación [3][2]. Podemos advirtió de que rompía las negociaciones presupuestarias porque había pactado un impuesto y no un decreto destinado a caer [3].