Vox no logró frenar la ley de amnistía: el Constitucional avaló la norma y rechazó los recursos autonómicos

Qué se prometió

La ley de amnistía para los encausados del ‘procés’ fue uno de los ejes de la oposición de Vox. Su programa de 2023 promete prohibir los indultos por delitos relacionados “con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial” para evitar que un presidente pueda “beneficiar a separatistas por interés propio” [7]. En la legislatura se comprometió a llevar la amnistía al Tribunal Constitucional [2].

Qué pasó

El Congreso aprobó la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía con la mayoría de investidura. Para interponer un recurso de inconstitucionalidad hacen falta 50 diputados o 50 senadores, o un gobierno o parlamento autonómico [1]. Vox tenía 33 diputados, así que no podía recurrir por sí solo. En junio de 2024, su secretario general, Ignacio Garriga, anunció recursos “de forma coordinada con los populares” desde Castilla y León, Aragón, Murcia, la Comunitat Valenciana y Baleares, donde entonces gobernaba o era socio del PP [2].

El Tribunal Constitucional resolvió primero el recurso de los diputados y senadores del PP. En la sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025, declaró que la Constitución no prohíbe las amnistías y anuló solo aspectos parciales del ámbito de la ley [3]. Con esa doctrina desestimó o dio por perdidos de objeto los recursos de las comunidades: el de las Cortes de Aragón en octubre de 2025 [4], los de Andalucía, Murcia, la Comunitat Valenciana y Castilla y León en noviembre de 2025 [6] y el del Gobierno de Aragón en junio de 2026 [5].

Por qué

La ley contaba con mayoría en el Congreso, y el Constitucional, por mayoría, la consideró compatible con la Constitución. Las sentencias incluyen votos particulares discrepantes [3][5]. Al salir de los gobiernos autonómicos en julio de 2024, Vox dejó de participar en las decisiones de esos ejecutivos, aunque los recursos ya anunciados siguieron adelante [6].

Lo que dicen las partes

Ante el borrador de sentencia, Abascal culpó al PP del aval del Constitucional por haber pactado con el PSOE la renovación del tribunal: “En lugar de bloquear la renovación del TC, el PP la aceptó y llegó a un acuerdo con el PSOE” [8]. El Constitucional razonó que la Constitución no contiene una prohibición de conceder amnistías y que el legislador no incurrió en arbitrariedad [3][5].