Reforma de la ley de seguridad ciudadana («ley mordaza»)

Qué se prometió

El programa de Sumar de 2023 incluía modificar la «ley mordaza» (Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana) para proteger los derechos de reunión y de libertad de expresión, y restringir las paradas de identificación policial [1].

Qué pasó

El grupo Sumar registró el 10 de mayo de 2024 su propia proposición de reforma de la ley de seguridad ciudadana (122/000098), que no llegó a debatirse y caducó con la disolución [5]. Después, PSOE, Sumar, EH Bildu y PNV registraron el 4 de octubre de 2024 una proposición de ley orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana. El Pleno la tomó en consideración el 29 de octubre de 2024 por 176 votos a favor y 170 en contra, y el 12 de diciembre rechazó los textos alternativos de PP y Vox [2]. Después quedó en fase de ponencia en la Comisión de Interior. Según elDiario.es, la ponencia no llegó a reunirse en 2026 [3]. La iniciativa figura como caducada desde el 6 de octubre de 2026, con la disolución de las Cortes [2].

Por qué

El PNV, coautor del texto, se opuso a rebajar de grave a leve la desobediencia a un agente, que reduciría la multa máxima de 30.000 a 600 euros, y chocó con EH Bildu, al que el Gobierno dejó atribuirse la reactivación de la reforma [3]. Podemos, que no firmó la proposición, pedía ir más lejos: un plazo concreto para prohibir las pelotas de goma y que la reforma prohibiera expresamente los rechazos en frontera [3] [4]. PNV y Podemos no apoyaban el texto por motivos opuestos: el PNV rechazaba rebajar sanciones y Podemos lo consideraba insuficiente; Moncloa.com lo describe como «vetos cruzados» y «veto parcial de Podemos» [4]. No llegó a haber votación en ponencia ni en comisión. Según las mismas fuentes, el PSOE se mantuvo “de perfil” sin resolver las diferencias entre socios y la ponencia no se convocó [3].

Lo que dicen las partes

Alberto Ibáñez (Compromís, en el grupo Sumar) exigió al PSOE que “cumpla” su promesa de derogar la ley y pidió a los socios evitar vetos cruzados para entregarle “una ponencia cerrada que le evite poner más excusas” [3] [4]. El PNV se opone a rebajar las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad [3] [4]. PP, Vox y UPN votaron en contra de tramitar la reforma [2] [3].