Oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea

Qué se prometió

El 17 de agosto de 2023, día de la constitución de las Cortes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, registró ante el Consejo de la UE la petición para modificar el reglamento lingüístico y hacer oficiales el catalán, el euskera y el gallego. Junts votó ese día a la candidata socialista a presidir el Congreso, Francina Armengol, tras cerrar un acuerdo con el PSOE que incluía esa demanda [1].

Qué pasó

El asunto se debatió cuatro veces durante la presidencia española del Consejo, en el segundo semestre de 2023, y otras tres con las presidencias posteriores [3]. España ofreció asumir el coste, estimado por la Comisión en unos 132 millones de euros anuales, y propuso una aplicación gradual [3]. El 18 de julio de 2025, el Consejo de Asuntos Generales volvió a dejar la propuesta sin votar [2]; un dictamen oral del servicio jurídico del Consejo apuntó a que podría requerir una reforma de los Tratados [3]. En junio de 2026 el Gobierno no pidió incluirla en el orden del día, y en septiembre la llevó solo como punto informativo, sin posibilidad de decisión [3][4].

Por qué

Cambiar el reglamento lingüístico exige unanimidad de los 27 Estados. Alemania es de los más reticentes; otros cuestionan la base jurídica, el coste y el precedente para otras lenguas minoritarias [3][4]. La decisión no depende del Gobierno español.

Lo que dicen las partes

Albares sostiene que una veintena de Estados no se oponen [3], y el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, afirma que la oficialidad es «cuestión de tiempo» y que España volverá a pedir la votación cuando haya apoyos suficientes [5]. Fuentes europeas cifran en al menos diez las delegaciones con reservas; un diplomático reprochó a España no mostrar la misma solidaridad en otros asuntos [3]. Para Junts era uno de los compromisos de la investidura [3].