Modelo territorial

A 19 de octubre de 2026 el PP no ha publicado su programa para el 29-N. El “Contrato con España” (citado según la prensa; no se ha localizado el texto del partido) defiende la soberanía, la integridad territorial y la igualdad, “con los mismos derechos y servicios, vivan donde vivan” [1]. En 2023 prometía reformar la financiación y el Código Penal en sedición, malversación y referéndum ilegal [6].

El PP votó contra la amnistía y la recurrió ante el TC, que la avaló casi en su totalidad en la STC 137/2025 [2]; tras el fallo del TJUE de julio de 2026, Feijóo dijo que no cerraba el debate político [7].

En 2024 pidió una reforma multilateral de la financiación: su moción fue rechazada en el Congreso [11] y aprobada en el Senado [10]. Después rechazó el modelo acordado por el Gobierno y ERC. La Declaración de Zaragoza (enero de 2026) fija principios sin cifras [3]. En septiembre de 2026 las comunidades del PP votaron en contra del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera [4].

En su investidura de 2023 Feijóo excluyó la amnistía y “fórmulas análogas o equivalentes” [9]. El 10 de febrero de 2024 fuentes del PP dijeron que aceptaría un indulto a Puigdemont si cumplía condena y renunciaba a la vía unilateral [5]. El 12 de febrero Feijóo respondió: “No acepto los indultos ni los aceptaré” [12]. En junio de 2026 pidió a Junts y PNV apoyar una moción de censura [8].

La coherencia es alta. Sus votos y recursos contra la amnistía y contra la financiación bilateral van en la línea de lo que propone. La apertura al indulto salió de fuentes del partido y Feijóo la rechazó dos días después, sin que conste incompatibilidad con lo prometido.

Sin programa publicado para el 29-N, la propuesta territorial del PSOE es la que llevó su Gobierno:

• El modelo de financiación que presentó Hacienda el 9 de enero de 2026 aporta 20.975 millones adicionales a las comunidades de régimen común en 2027. Eleva su participación en el IRPF del 50 % al 55 % y en el IVA del 50 % al 56,5 % [4].
• El proyecto de ley por el que el Estado asume más de 83.000 millones de deuda autonómica superó en julio de 2026 las enmiendas a la totalidad de PP y Vox [5]. Caducó con la disolución, como todos los asuntos pendientes [7].
• La ponencia de su 41.º Congreso Federal (2024) planteaba federalizar la dirección de la Agencia Tributaria y reducir a la mitad las diferencias de financiación por habitante [6].

El programa de 2023 prometía aprobar «en el plazo máximo de un año» un nuevo sistema de financiación autonómica [3]. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio luz verde a la propuesta el 4 de septiembre de 2026, con el apoyo de Cataluña y Canarias. La rechazaron las comunidades del PP y dos gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias. Para ser ley necesitaba una mayoría absoluta en el Congreso y no llegó a votarse [1]. La ley de amnistía entró en vigor en junio de 2024 [2], después de que Sánchez sostuviera antes de las elecciones que no cabía en la Constitución (ver ficha).

Coherencia parcial. El Gobierno presentó el modelo con más de un año de retraso sobre su compromiso de 2023, y dos gobiernos autonómicos socialistas votaron contra él en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Que no llegara a votarse en las Cortes no rebaja la coherencia.

Vox no ha publicado programa para el 29-N. Se recogen el programa de 2023 y sus posiciones de 2026.

Qué proponen. El programa de 2023 defiende “un estado unitario administrativamente descentralizado”. Mientras no se logre, propone “la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia” y limitar “en todo lo posible” la capacidad legislativa autonómica [1].

Qué han hecho. En julio de 2024 registró una proposición no de ley para devolver al Estado las competencias sanitarias, con una tarjeta sanitaria única [7]. En junio de 2024, Vox anunció recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía desde las comunidades que entonces gobernaba con el PP [2]. El Tribunal Constitucional avaló la ley en lo esencial el 26 de junio de 2025. En noviembre de 2025 desestimó por pérdida de objeto los recursos de Andalucía, Murcia, la Comunitat Valenciana y Castilla y León [3]. El 23 de julio de 2026, el Congreso rechazó las enmiendas de totalidad de PP y Vox contra la ley que asumía 83.252 millones de deuda autonómica. La ley caducó con la disolución de las Cortes [4].

En 2026, Vox entró en los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En Extremadura dirige la nueva Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia [6]. En Andalucía, Manuel Gavira es vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local [5].

Coherencia. Sus iniciativas y votos estatales van en la línea de su programa. Gestionar consejerías autonómicas no contradice por sí solo su propuesta, aunque no consta que haya impulsado la devolución de competencias desde esos gobiernos.

A 19 de octubre de 2026 Frente Amplio no ha publicado su programa para el 29-N. Las propuestas oficiales más recientes son las del programa de Sumar de 2023, que definía España como “una realidad plurinacional, un país de países” y proponía un nuevo pacto territorial “para un mejor desarrollo de los autogobiernos y del gobierno compartido” [1]. La coalición integra partidos de ámbito autonómico como Catalunya en Comú y Chunta Aragonesista.

En la legislatura, el grupo Sumar votó a favor de la ley de amnistía, que el Congreso aprobó definitivamente el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a 172, con PP, Vox, UPN y Coalición Canaria en contra [3]. Se publicó como Ley Orgánica 1/2024 [2]. También apoyó la proposición de ley pactada por PSOE y Junts para delegar en Cataluña competencias de inmigración, entre ellas los permisos de residencia y la gestión de los CIE, que el Congreso rechazó el 23 de septiembre de 2025 por 177 votos a 173. En esa votación el grupo se dividió: Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (CHA) votaron en contra junto a PP, Vox, Podemos y UPN [4].

La propuesta es coherente con los votos de Sumar en la legislatura, con la excepción de esos dos diputados en la delegación de inmigración.

A 19 de octubre de 2026 Podemos no ha publicado su programa para el 29-N. En febrero de 2026 su coportavoz Pablo Fernández reiteró que Podemos «apoya el autogobierno», pero exigió que cualquier texto sobre inmigración elimine sesgos que considera racistas, y pidió completar antes la regularización de migrantes [1]. En octubre de 2026 pactó con ERC contribuir a sus listas en las cuatro circunscripciones catalanas, porque considera necesario fortalecer «las izquierdas nacionales» frente al conservadurismo del Estado [2].

En la legislatura, Podemos votó a favor de la ley de amnistía. El Congreso la aprobó el 14 de marzo de 2024 por 178 votos a favor y 172 en contra [3] y, tras el veto del Senado, de forma definitiva el 30 de mayo por 177 a 172; una diputada de Podemos no asistió a esa votación [6].

El 23 de septiembre de 2025 votó en contra de la proposición de ley orgánica de PSOE y Junts para delegar en Cataluña competencias estatales de inmigración. El Pleno rechazó tomarla en consideración por 173 votos a favor y 177 en contra; con los cuatro votos de Podemos a favor habría seguido su tramitación [4]. También votaron en contra PP, Vox, UPN y dos diputados del grupo Sumar [5]. Su diputado Javier Sánchez Serna dijo que la ley «trata la inmigración como un peligro social» y que el debate era sobre «qué administración ejerce el racismo» [5].

La coherencia mide las actuaciones, no el resultado: Podemos apoyó la amnistía y condiciona su apoyo a las delegaciones de competencias al contenido de cada ley; su voto contra la delegación de inmigración se ajusta a esa condición [1] [5].