Cumplimiento parcial: la «prioridad nacional» de Vox entra en Valencia y Extremadura como arraigo, no por nacionalidad

Qué se prometió

La “prioridad nacional” es el eje de la campaña de Vox para 2026: que los españoles accedan primero a las ayudas, a la vivienda protegida y a los servicios públicos [5].

Qué pasó

En la Comunitat Valenciana, el PP de Juanfran Pérez Llorca tiene 40 escaños y necesita los 13 de Vox. A finales de mayo de 2026, ambos partidos pactaron los presupuestos a cambio de esa prioridad y de una rebaja fiscal [2]. Las Corts aprobaron las cuentas el 22 de julio con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís. Son los primeros presupuestos autonómicos que regulan por ley la “prioridad nacional” en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda [1][3].

En Extremadura, el pacto de gobierno PP-Vox de abril de 2026 establece la prioridad nacional en la vivienda protegida. Exige un empadronamiento mínimo de diez años para comprar y de cinco para alquilar [4].

Grado de cumplimiento

El cumplimiento es parcial. Vox consiguió que la expresión y un criterio de preferencia entraran en una ley de presupuestos y en un pacto de gobierno, porque sus votos eran imprescindibles para el PP. Pero lo aprobado no da preferencia por ser español, que es lo que promete: según El Español, dar preferencia por nacionalidad exigiría reformar la Ley de Extranjería en el Congreso, por lo que ambos partidos se comprometieron a respetar la ley vigente [2]. Pérez Llorca explica que la preferencia se concede a quienes llevan más tiempo empadronados, es decir, por arraigo y no por nacionalidad [1]. Vox sigue reclamando en el Congreso la preferencia por nacionalidad (ver ficha sobre la enmienda del PP).

Lo que dicen las partes

Llanos celebró que sean los primeros presupuestos con “prioridad nacional por ley” y dijo que su objetivo es poner “a los españoles primero” [3]. En mayo la había vinculado a la lucha contra “la inmigración ilegal, masiva y descontrolada y el fraude en el acceso a ayudas públicas” [2]. Pérez Llorca sostiene que se trata de arraigo y niega que discrimine por origen [1]. El PSPV anunció que llevará la ley al Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe discriminar por origen [3].