Inmigración

A 19 de octubre de 2026 el PP no ha publicado su programa para el 29-N. El “Contrato con España” (citado según la prensa; no se ha localizado el texto del partido) se compromete a reducir la inmigración irregular, a prohibir por ley las regularizaciones colectivas y a endurecer la nacionalidad, y lo vincula a un mayor control de fronteras [1].

En abril de 2024 votó a favor de tomar en consideración la iniciativa legislativa popular para regularizar a unos 500.000 inmigrantes y marcó distancias con Vox [2]. Votar su tramitación no equivale a respaldar su texto: en septiembre de 2024 sus enmiendas pedían una regularización individualizada, sin antecedentes penales [6]. La ILP quedó bloqueada. En enero de 2026 el Gobierno aprobó una regularización extraordinaria por vía reglamentaria, y PP y Vox anunciaron recursos judiciales contra ella [3]. El PP la presentó como un “efecto llamada” y propuso regularizaciones individuales ligadas a contrato de trabajo [3]. Su propuesta actual excluye las regularizaciones colectivas [1].

En 2026 el PP pactó con Vox los gobiernos de Extremadura y Aragón. Ambos acuerdos incluyen una “prioridad nacional” en el acceso a ayudas basada en un arraigo “real, duradero y verificable”, no en la nacionalidad [4][5]. Según el PP, los extranjeros con residencia legal y arraigo tendrán los mismos derechos que los españoles. En abril de 2026 rechazó en el Congreso una moción de Vox sobre “prioridad nacional” que, según el PP, “no era consecuente” con lo firmado en las comunidades [4][5].

La coherencia es alta. Sus enmiendas de 2024 ya planteaban regularizaciones individuales, como su propuesta actual, y su oposición a la regularización colectiva de 2026 encaja con lo que promete. Su voto de 2024 a favor de tramitar la ILP marca un tono distinto al actual, pero no acredita apoyo a su contenido.

El PSOE no ha publicado propuestas migratorias nuevas para el 29-N. Su oferta es la continuidad de lo aprobado y los compromisos pendientes de su programa de 2023: una estrategia para desmantelar las mafias que trafican con personas, ampliar los convenios de migración circular y promover una ley de nacionalidad [4].

En la legislatura:

• Tras un acuerdo con Podemos en enero de 2026 [5], el Gobierno aprobó en abril una regularización extraordinaria por real decreto. Se dirigía a personas que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, con al menos cinco meses de estancia y sin antecedentes penales, y el plazo de solicitud fue del 16 de abril al 30 de junio [1].
• Según los datos del Ministerio de Inclusión difundidos por Europa Press, se presentaron 1.174.978 solicitudes. A 23 de julio había más de 822.000 expedientes en tramitación, y a 30 de julio 262.475 personas regularizadas estaban afiliadas a la Seguridad Social [2]. No constan datos oficiales posteriores en las fuentes consultadas.
• El nuevo reglamento de extranjería (Real Decreto 1155/2024) entró en vigor el 20 de mayo de 2025 [6].
• El Congreso convalidó en abril de 2025 el decreto-ley para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades, con el voto en contra de PP y Vox [7].
• La ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña, pactada con Junts, no pasó la toma en consideración en septiembre de 2025. Votaron en contra PP, Vox, UPN, Podemos y dos diputados de Sumar [3].

Las propuestas actuales son coherentes con lo hecho, aunque la regularización no figuraba en el programa de 2023.

Vox no ha publicado programa para el 29-N. Sus ejes de campaña son la “prioridad nacional” y la “remigración”. El 18 de octubre de 2026 Abascal admitió que sus medidas exigen superar “dificultades legislativas en España, en Europa o en convenios internacionales” [5].

Qué han hecho en el Congreso. El 9 de abril de 2024, Vox fue el único grupo que votó contra tramitar la iniciativa legislativa popular para regularizar a unos 500.000 inmigrantes (310 a 33) [2]. En 2026 recurrió ante el Tribunal Supremo la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. El 22 de mayo el tribunal rechazó suspenderla cautelarmente [4]. El 25 de junio de 2026, el pleno rechazó su proposición no de ley para establecer la prioridad nacional en las prestaciones públicas [1].

Qué han hecho en las comunidades. El 11 de julio de 2024, Vox rompió sus cinco gobiernos de coalición con el PP y retiró su apoyo en Baleares por el reparto de unos 347 menores migrantes no acompañados desde Canarias [3]. En 2026 volvió a gobernar con el PP. El pacto de Extremadura rechaza acoger menores no acompañados, incluye pruebas de edad y aplica la prioridad nacional en ayudas y vivienda protegida [6]. El de Andalucía condiciona el acceso a ayudas a un “arraigo real, duradero y verificable” y plantea repatriar a los menores migrantes [7].

Coherencia. Sus votos, su recurso y su salida de los gobiernos en 2024 son coherentes. Es parcial por la prioridad nacional: en sus pactos aceptó una preferencia por empadronamiento (Extremadura) o arraigo (Andalucía), no por nacionalidad. El 22 de abril de 2026 rechazó una enmienda de sustitución del PP que recogía esos criterios, pero que habría reemplazado su moción de ocho puntos y eliminado la remigración y la reserva de pensiones no contributivas a los españoles [8][9].

A 19 de octubre de 2026 Frente Amplio no ha publicado su programa para el 29-N, y en la presentación de la candidatura no anunció medidas concretas de inmigración. Las propuestas oficiales más recientes son las del programa de Sumar de 2023: reformar la ley de extranjería para “introducir un procedimiento de regularización permanente”, simplificar los trámites de residencia y cerrar los CIE [1].

Durante la legislatura, Sumar apoyó la ILP que pedía regularizar a unas 500.000 personas. En septiembre de 2025 pidió al PSOE aprobarla por decreto [2]. El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, abrió una regularización extraordinaria por arraigo para quienes estuvieran en España antes de 2026 [3]. Su aprobación se desbloqueó tras un pacto entre PSOE y Podemos. La medida fue extraordinaria y por reglamento, no el procedimiento permanente que pedía el programa. Interior, en manos del PSOE, sustituyó en febrero de 2026 el CIE de Algeciras por uno nuevo [4].

El 23 de septiembre de 2025 el Congreso rechazó, por 177 votos a 173, la ley pactada por PSOE y Junts para delegar en Cataluña competencias de inmigración, entre ellas la gestión de los CIE. El grupo Sumar votó a favor, salvo Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (CHA), que votaron en contra [5].

Las actuaciones documentadas de Sumar van en la línea de su propuesta: apoyó la ILP y la regularización. No consta ninguna proposición de ley suya para cerrar los CIE, pero tampoco votos a favor de ampliarlos. La competencia sobre los CIE es del Ministerio del Interior, dirigido por el PSOE.

A 19 de octubre de 2026 Podemos no ha publicado su programa para el 29-N. En febrero de 2026 su coportavoz Pablo Fernández dijo que el partido no se conforma con la regularización y quiere modificar la Ley de Extranjería, eliminar los CIE y terminar con las «redadas racistas» [1].

En la legislatura, el Pleno rechazó el 26 de febrero de 2025 su proposición no de ley de regularización extraordinaria, por 46 votos a favor, 183 en contra y 119 abstenciones del PSOE [3]. En enero de 2026 Podemos pactó con el Gobierno una regularización por real decreto. El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, abrió solicitudes hasta el 30 de junio para quienes estaban en España antes del 1 de enero de 2026 [2]. En junio de 2024 registró una proposición no de ley que pedía el «cierre total» de los CIE y eliminar la habilitación legal de las «devoluciones en caliente» [4]; no consta que se votara en el Pleno.

El 23 de septiembre de 2025 sus cuatro votos fueron decisivos para rechazar la toma en consideración de la ley de PSOE y Junts que delegaba en Cataluña competencias de inmigración: 173 a favor y 177 en contra [5]. También votaron en contra PP, Vox, UPN y dos diputados del grupo Sumar [6]. Su diputado Javier Sánchez Serna dijo que la ley «trata la inmigración como un peligro social» [6]. Podemos dice apoyar el autogobierno, pero exige que cualquier texto sobre inmigración elimine sesgos que considera racistas [1].

La coherencia mide las actuaciones, no el resultado: sus iniciativas y votos van en la línea de su propuesta.