Lo intentó, pero se lo bloquearon

La ley del PP para desalojar viviendas ocupadas en 24 horas salió del Senado en febrero de 2024, pero la Mesa del Congreso prorrogó su plazo de enmiendas de forma reiterada. Una nueva versión se admitió a trámite en mayo de 2026 y tampoco se votó antes de la disolución.

El PP votó en contra de la amnistía, la recurrió ante el Tribunal Constitucional y pidió llevarla al TJUE. El TC avaló la ley casi íntegramente en junio de 2025 (STC 137/2025) y el 16 de julio de 2026 el TJUE concluyó que no vulnera el Derecho de la UE en los aspectos que examinó.

El PP logró en abril de 2024 que el Congreso aprobara una proposición no de ley para deflactar el IRPF estatal, gracias a la abstención de PNV, Junts y BNG. El Gobierno no la aplicó y en junio de 2026 el PP volvió a registrar la petición con un coste estimado de 3.200 millones.

Tras el apagón de abril de 2025, el Congreso admitió a trámite la ley que el PP había registrado ese mes para retrasar el cierre nuclear, pero no se aprobó. Una enmienda para suprimir las fechas de cierre cayó por un voto en noviembre de 2025. En agosto de 2026 el Gobierno prorrogó solo Almaraz, hasta 2030.

Feijóo propuso en su investidura un Acuerdo Nacional del Agua con 40.000 millones. El PP lo llevó a varias proposiciones no de ley y mociones; el Congreso aprobó el 28 de noviembre de 2024 una moción suya que lo pedía, pero el Gobierno no puso en marcha el pacto.

El Congreso derogó el 2 de octubre de 2026 el RDL 26/2026 (función social de la vivienda, 172-178) y el RDL 27/2026 (estabilidad de los alquileres, 166-184). El Gobierno los reaprobó el 6 de octubre como RDL 29/2026 y RDL 28/2026, pendientes de la Diputación Permanente.

El Congreso devolvió al Gobierno el proyecto de ley de reducción de jornada el 10 de septiembre de 2025, al prosperar por 178 votos contra 170 las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts, con el apoyo de UPN.

El Gobierno pidió en agosto de 2023 que el catalán, el euskera y el gallego fueran oficiales en la UE, como compromiso con Junts. La propuesta, que exige unanimidad de los 27, no se ha votado por las reservas de Alemania y otros Estados.

Europeo

El Congreso derogó el 22 de enero de 2025 el decreto que mantenía en 2025 el gravamen a las energéticas, con los votos en contra de PP, Vox, Junts, PNV y UPN. El de la banca se sustituyó por un impuesto aplicable a tres periodos impositivos desde 2024.

El Congreso rechazó el 21 de mayo de 2024 tramitar la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo y la tercería locativa: 122 votos a favor, 184 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV) y 36 abstenciones.

Vox votó solo contra tramitar la ILP de regularización (2024), vio rechazada su ley para restringir el arraigo (2025) y recurrió el real decreto de regularización de abril de 2026. El Supremo le reconoció legitimación, pero se negó a suspenderlo; el fondo sigue pendiente.

Sin los 50 diputados necesarios para recurrir por su cuenta, Vox impulsó en 2024 recursos de inconstitucionalidad desde las comunidades que gobernaba con el PP. El Tribunal Constitucional avaló la amnistía en lo esencial en junio de 2025 y desestimó después los recursos autonómicos.

Con 33 diputados, Vox no alcanza los 35 que exige la Constitución para presentar una moción de censura. En junio de 2025 pidió firmas a otros diputados y ofreció que la encabezara «quien sea». Feijóo se negó a presentarla sin tener los votos y no consta que se registrara ninguna.

PP y Vox derogaron en 2024 la ley de memoria democrática de Aragón y aprobaron una ley de concordia valenciana. El Constitucional suspendió ambas tras los recursos del Gobierno. En Castilla y León, el PP votó contra la ley que había registrado con Vox tras la ruptura.

Autonómico

Vox registró en abril de 2024 una ley para rebajar el IRPF y otros impuestos. El Gobierno ejerció su veto presupuestario y la Mesa impidió su debate. En mayo de 2024 llevó el mismo plan al Pleno en forma de moción; el PP lo llamó «populismo fiscal» y el PSOE, «panfleto».

El Congreso derogó en abril de 2026 el RDL 8/2026 (prórroga de alquileres y tope del 2 %) y el 2 de octubre los RDL 26/2026 (función social de la vivienda) y 27/2026 (estabilidad de los contratos). Los RDL 28/2026 y 29/2026, aprobados el 6 de octubre, se votan el 12 de noviembre.

El proyecto de ley de Yolanda Díaz para bajar la jornada máxima de 40 a 37,5 horas sin rebaja salarial fue devuelto al Gobierno el 10 de septiembre de 2025 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN (178 a 170). No volvió a presentarse antes de la disolución.

La proposición de PSOE, Sumar, Bildu y PNV para reformar la ley de seguridad ciudadana se tomó en consideración en octubre de 2024, pero la ponencia no se reunió en 2026 por los desacuerdos entre socios de investidura (PNV, EH Bildu y Podemos) y caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026.

En marzo de 2025 los partidos de Sumar acordaron rechazar cualquier aumento del gasto militar. El 22 de abril el Consejo de Ministros aprobó 10.471 millones adicionales para llegar al 2 % del PIB, sin votación en el Congreso. Los ministros de Sumar se opusieron y pidieron retirarlo, sin éxito.

Sumar prometió mantener los gravámenes a energéticas y banca. El de la banca pasó a ser un impuesto para los tres primeros periodos impositivos desde el 1 de enero de 2024, pero el Congreso derogó el 22 de enero de 2025 el decreto que prorrogaba el de las energéticas, con los votos de PP, Vox, Junts, PNV y UPN.

Podemos llevó al Pleno en febrero de 2025 y en septiembre de 2026 mociones para rebajar por ley todos los alquileres un 40 %. Se rechazaron por 12 a 301 y por 19 a 183. Su proposición de ley de 2024 (contratos de 10 años y congelación de rentas) no llegó a debatirse y caducó.

Podemos apoyó en 2024 una PNL de Sumar para crear una empresa pública con las hidroeléctricas, rechazada por 44 a 302. En 2025 registró una ley para que el Estado asumiera las centrales al vencer sus concesiones y otra para nacionalizar Repsol, que el Gobierno vetó por su coste. Ninguna llegó a aprobarse.

Podemos apoyó la reforma fiscal en noviembre de 2024 a cambio del compromiso del PSOE de impulsar un impuesto a las energéticas. El Gobierno optó por prorrogar el gravamen con un decreto que el Congreso derogó el 22 de enero de 2025 (165 a favor, 183 en contra de PP, Vox, Junts, PNV y UPN).